Más de 175 mil lotes en el país son ilegales
» El Viceministerio de Vivienda cree que la cifra podría alcanzar los 300 mil. El CNR Pide revisar los contratos
KAREN MOLINA
SÁBADO, 23 DE ENERO DE 2010
Si los cientos de denuncias contra la lotificadora Jumbo le parecen una exageración de la ilegalidad, entérese que en el país hay, como mínimo, 175 mil lotes en ilegalidad, ya que no están autorizados por las autoridades correspondientes y, para colmo, ya están habitados.Edín Martínez, viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano asegura que la cantidad podría superar los 300 mil lotes tomando en cuenta que muchas lotificadoras, sabiendo que están trabajando de forma ilícita, ni siquiera han iniciado los trámites de certificación.
Buen porcentaje de estos lotes han sido vendidos por Jumbo Ingeniería, S.A., que actualmente tiene dos procesos judiciales en curso y sus propietarios están en la cárcel, son procesados por el delito de estafa.
Según la Fiscalía, Jumbo tiene lotificaciones en todos los departamentos del país, excepto en La Unión y Morazán.
Martínez dijo que buena parte de los 175 mil lotes están ubicados en zonas de alto riesgo, zonas verdes y protegidas, por lo cual no se les ha aprobado el permiso de lotificación.
El funcionario dijo que en la mayoría de los casos hay incumplimientos que son imposibles de solucionar y que, por ende, es casi seguro que no obtendrán los permisos legales para lotificar.
"Hay lotificaciones hechas en barrancos y a esos nunca les vamos a dar permisos", dijo el viceministro.
Por ejemplo, la colonia San Antonio de Verapaz, en San Vicente, que fue arrasada en su totalidad por el alud de piedras y lodo por la tormenta Ida en noviembre de 2009, era una lotificación ilegal y además sin permisos de construcción, según Martínez.
Otro ejemplo, la populosa lotificación Montreal, en Mejicanos también es una zona ilegal, según el funcionario.
De acuerdo al procedimiento legal, la lotificadora debe obtener los permisos del Centro Nacional de Registro (CNR), Viceministerio de Vivienda, Ministerio de Medio Ambiente y de otras instituciones, antes de comenzar la venta de las parcelas.
En la práctica, la mayoría de lotificadoras hacen todo al revés: primero venden los lotes y luego, solicitan los permisos requeridos. Y ahí surgen los problemas.
"Esto es preocupante porque se le está vulnerando la seguridad jurídica a todas estas personas que compran de buena fe los lotes", dijo el funcionario.
Para Martínez no hay duda de que detrás de muchas de estas lotificadoras hay personas inescrupulosas que tratan de beneficiarse de la pobreza y necesidad de los salvadoreños que quieren tener su casa propia.
"Este gobierno no es antilotificaciones. Es antitimadores que quieren aprovecharse de la gente", dijo el viceministro.
Jumbo, el caso más emblemático de esta práctica común, está acusado en Santa Ana y en Zacatacoluca y la Fiscalía está en proceso de nuevas acusaciones en Chalatenango y San Miguel por haber vendido lotes a "bajo precio" y con cuotas de 15 y 20 dólares mensuales, pero sin haber obtenido permisos del CNR y las otras instituciones.
Para colmo, los compradores fueron ilusionados con que la lotificadora instalaría agua, energía eléctrica y construiría calles de acceso. Todo resultó ser una farsa.
Según el Fiscal General de la República, Romeo Barahona, las lotificadoras se valen de notarios, promotores y otros abogados para hacer contratos de compra venta aún sin tener legalizadas las propiedades.
En el peor de los casos, las lotificadoras han hecho negocio con propiedades que están hipotecadas o que están a nombre de otras personas.
Las pocas opciones que da el Gobierno para adquirir una casa decente son suficientes para que las personas opten por conseguir una propiedad a través de las lotificadoras.
El viceministro de vivienda dijo que en los últimos años ha habido un incremento considerable de lotificadoras que han vendido parcelas a bajo precio porque la gente no tiene otra opción.
"Las lotificaciones son una alternativa ante la falta de una política de vivienda", dijo Martínez.
PROVOCA DESASTRES
Los recurrentes derrumbes de casas y colonias completas cada vez que llega la epoca lluviosa son para Martínez, producto del desorden que han creado las lotificadoras al vender propiedades en lugares de alto riesgo.
El caso de la colonia en San Antonio, en Verapaz es sólo un ejemplo de las tragedias que ocurren cuando se transgreden las normas que se han establecido para lotificar un terreno.
El viceministro dice que el desorden de cientos de lotificadoras también ha provocado la formación de asentamientos ilegales como el Victoria que está ubicado en un terreno del Bulevar del Ejército.
"Los llevan a un terreno, les cobran una mínima cantidad y les prometen que van a tener su terreno en ese lugar", advierte el funcionario sobre el modus operandi de los timadores.
Lo que más le preocupa a Martínez es el futuro que puedan correr las personas que habitan en esos lotes actualmente ilegales.
Según el funcionario, al comprobarse que las lotificaciones están construidas en zonas peligrosas, esa gente tiene que desalojar esas propiedades y reubicarse otra zona.
En esto, el funcionario cree que es importante agilizar la Ley de ordenamiento territorial que aún está en discusión en la Asamblea Legislativa. Y si esta ley se aprobara, ayudaría mucho a controlar las construcciones de zonas habitacionales que por hoy, están en zonas de alto riesgo.
Según las Estadísticas del Viceministerio de Vivienda, actualmente hay un aproximado de 380 lotificaciones legales que han cumplido con los requisitos y que están avaladas para vender parcelas a la ciudadanía.
El CNR, a través de un comunicado oficial ha pedido a la ciudadanía que investigue con antelación la trayectoria y legalidad de las lotificadoras así como también que exija y revise sus contratos.
