Falta cerca del 80% de las viviendas temporales por entregar. El Programa de Reconstrucción incluye 700 viviendas temporales. De ellas, hasta hoy, se han construido 152 por el Viceministerio de Vivienda.
Desde Naciones Unidas, que trabaja colaborando con los ministerios a través del PNUD, indican que esta semana se hicieron entrega de 93 casas temporales y que se continúa con el reparto de los kits de "vuelta a casa".
Una de las localidades más afectadas por la tormenta fue Verapaz, San Vicente. Su alcalde, José Antonio Hernández, afirma que están en el fin de la construcción de casa provisionales. El 70% de ellas ya está realizado, pero aún quedan familias que esperan su hogar hasta que se construyan las 163 que están previstas para la zona.
Se estima que tras esta etapa inicial se construyan 300 viviendas definitivas que se pretenden entregar dentro de ocho meses. Sin embargo, por el momento, sólo se está haciendo el diseño del proyecto.
Los ingenieros están realizando los análisis oportunos antes del invierno porque sería complicado trabajar en condiciones de tormenta. "Tenemos aún 45 días para hacerlo", indica el alcalde confiado.
Lo mismo sucede con las viviendas que está levantando Cruz Roja Salvadoreña con apoyo del Viceministerio de Vivienda. Los trámites que tiene que realizar retrasan su labor.
En cuanto al estado de la reconstrucción de los puentes, que se gestiona a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Ismael Nolasco, dice que se está trabajando en la sustitución de puentes.
El MOP ha publicado un Informe Preliminar de Evaluación de Puentes para realizar una inspección de los daños causados pero sólo hay dos puentes temporales en funcionamiento.
Hay 43 puentes dañados por la tormenta y que están incluidos en un paquete de estructuras temporales y definitivas.
Desde Casalco, reconocen que los procedimientos se están haciendo un poco más lentos de los usual, pero dicen que en el pasado, las carreras han hecho que los proyectos salgan mal.
La idea es que se vaya realizando todo el trabajo etapa por etapa y que las prisas no provoquen construcciones deficientes, señalan desde Casalco.
Todavía no han sacado las licitaciones porque van a hacer estudios. Desde la Cámara pidieron al MOP que hubiese una etapa de diseño y que la reconstrucción se hiciese de una manera ordenada con el fin de que no haya problemas de planificación como sucedió en otras ocasiones.
"Primero se va a llevar a cabo la construcción de puentes provisionales mientras que, paralelamente, se llevan a cabo los estudios para el diseño de puentes permanentes".
Desde MOP también se está desarrollando un informe de evaluación de carreteras que se encuentra en proceso.
El Ministerio de Educación (Mined), por su parte, deberá sufragar $11 millones 547 mil 182 para habilitar 124 escuelas perjudicadas.
Muchos de las obras se ralentizan por trabas administrativas.
El Gobierno es el encargado de abrir procesos de licitación pública que tiene que cumplir con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), pero el proceso es lento.
Por el momento constan muy pocos concursos abiertos, entre ellos está la licitación para adquirir equipo para el Centro de Audición y Lenguaje dañado por la tormenta que se obtuvo por 154,496 dólares.
El desastre afectó en proporción distinta las actividades y sectores del país.
Sobresale, según la Cepal, la destrucción de caminos y puentes, con la reducción en la conectividad, y su impacto en las actividades productivas y sociales, que representa.
También hace falta una gran obra de recuperación en el sector agropecuario que sufrió la destrucción de infraestructura de riego y la pérdida de muchos cultivos.
Cada 10 a 30 años, según los expertos, se produce en el país algún evento de este tipo.
Por ello se requiere adoptar una estrategia de reducción del riesgo ante la recurrencia de este tipo de fenómenos. Sin embargo, estos proyectos suelen ser los más complicados.
En el caso de los puentes, en Casalco, explican que no hay evaluación sobre el estado de los puentes. Una revisión constante y su mantenimiento podrían evitar el derrumbe en caso de un desastre como Ida.
Dice Nolasco que se está estudiando un monitoreo y hay necesidad de evaluaciones previas del estado, pero que el problema se centra en quién va a pagar el mecanismo de supervisión.
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